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La sexta edición del IACF presenta una brecha de 2,86 puntos sobre diez entre la comunidad fiscalmente más competitiva (Madrid) y la menos competitiva (Cataluña). Esta brecha se amplía en tres décimas.
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El informe analiza y clasifica desde 2017 los sistemas impositivos de los diecinueve territorios con autoridad fiscal (dieciséis comunidades y las tres provincias vascas).
Como todos los años, la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, y la Tax Foundation, de Washington D.C., han publicado el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, que analiza, compara y clasifica los sistemas tributarios de los diecinueve territorios españoles con capacidad impositiva: dieciséis comunidades autónomas y las tres diputaciones vascas. Bajo la dirección de la economista Cristina Enache, el informe constituye una foto fija anual de la competencia fiscal subestatal en España.
Con 7,43 puntos sobre diez, repite en cabeza del índice la Comunidad de Madrid, seguida de Vizcaya (7,11), Álava (7,07), Guipúzcoa (6,91) y Canarias (6,29). Cierran el ranking de 2022 Aragón con 5,08 puntos sobre diez, la Comunidad Valenciana con 5,02 puntos y Cataluña. Esta última comunidad autónoma apenas alcanza 4,57 puntos sobre diez y queda última, posición que mantiene desde 2018.
La diferencia entre la comunidad más competitiva y la que lo es en menor medida asciende a 2,86 puntos sobre diez, lo que representa una ligera ampliación de la brecha respecto al año pasado (tres décimas). Las comunidades que más avanzan en 2022 son Galicia (que sube cuatro puestos en el ranking) y Navarra (dos puestos); y las que más retroceden son Castilla-La Mancha y Cantabria (perdiendo ambas dos puestos).
El IACF tiene en cuenta todos los impuestos parcial o totalmente cedidos a la administración autonómica, destacando los de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). También contempla el impacto de los impuestos adicionales establecidos por cada una de estas administraciones, y en los que existe una gran diferencia entre territorios. Así, mientras el País Vasco no ha añadido nuevos tributos a los principales y la Comunidad de Madrid ha eliminado este año los que tenía, Cataluña supera con creces la decena de este tipo de impuestos propios. El estudio, cuyo trabajo académico concluyó en agosto, no contempla aún las reformas anunciadas por varias comunidades en las últimas semanas, que sin duda tendrán un gran impacto sobre el ranking de 2023. El estudio incluye una página de evolución y recomendaciones para cada una de las comunidades autónomas y provincias vascas.
Como novedad, este año el estudio compara también las comunidades españolas con los países europeos con tributos comparables, como Renta, Sucesiones o Patrimonio. En general, nuestras comunidades son poco competitivas fiscalmente en términos europeos.
Juan Pina, secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad señala que “en un marco autonómico como el español, la competencia fiscal entre comunidades es esencial para una buena gestión económica y sirve como freno a la voracidad fiscal de las administraciones públicas”. Es muy destacable cómo en los Estados Unidos la fuerte competencia fiscal entre estados favorece la contención de la tributación media que se exige a los ciudadanos. Por ello, afirma Pina, “los consejeros de Hacienda harían bien en reclamar una mayor autonomía fiscal para competir, y emplear la que ya tienen de forma que sus comunidades sean atractivas para empresas y particulares”. La Tax Foundation estadounidense emite desde hace décadas un informe similar que clasifica anualmente los cincuenta estados.
El IACF 2022 cuenta con la colaboración de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y la organización Stop Sucesiones, además del partenariado de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, con sede en Berlín.
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